7 de Noviembre de 2015

Los vecinos denuncian ante Anticorrupción la no exigencia de licencia a los graneles

Gran Vía Sur entiende que puede haber un delito de prevaricación por omisión por parte de las autoridades al permitir la actividad sin este permiso

E. M. LA HOZ

La asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto presentó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por el presunto delito de prevaricación en el que, a su juicio, podrían haber incurrido el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, por omisión, al no haber exigido a las empresas de carga y descarga de graneles del puerto una licencia ambiental para su funcionamiento.

           Actividad de carga y descarga de graneles en el puerto de Alicante, en una imagen tomada en octubre por los vecinos. :: r. a.

Los vecinos llevan años demandando la puesta en marcha de medidas correctoras por parte de las empresas de graneles, para evitar la dispersión de la contaminación a través del polvo en suspensión que se genera. Y ya denunciaron ante Fiscalía en 2008 esta supuesta contaminación, aunque finalmente se archivó en 2009.

Se da la circunstancia de que las tres empresas que operan en el puerto de Alicante iniciaron en 2008 procedimientos para solicitar esta licencia ambiental al Ayuntamiento, pero en 2010 estos expedientes quedaron archivados por parte del Consistorio. Se basaba para ello en dos informes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en los que se establecía el carácter público del muelle y determinaba que la titularidad de la instalación donde se ejerce la actividad es la Autoridad Portuaria, por lo que «deberá ser ésta la que establezca las medidas correctoras que se deban adoptar».

Una postura que el Ayuntamiento de Alicante entendió que equivalía a que tal licencia ambiental no era necesaria. Por eso las empresas han seguido operando sin ella hasta hoy.

No obstante, el actual equipo de gobierno no tiene la misma opinión que el del PP que archivó estos expedientes.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, ha dejado claro en varias ocasiones que esta licencia ambiental sí es preceptiva y precisamente ayer emitía un escrito dirigido al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, en el que le solicita que inicie el procedimiento para tramitarla.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria sigue, pese a su cambio de signo político (del PP al PSOE), defendiendo a capa y espada que esta licencia no es necesaria.

La pelea ante los tribunales era más que probable, pero ahora puede pasar del plano administrativo al penal, dado que lo que los vecinos denuncian es un presunto caso de prevaricación por omisión, a lo largo de los últimos siete años, de la obligación de cumplir la legislación ambiental vigente. Siempre que se admita la demanda.

El edil de Urbanismo y vicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, está «convencido» de que este permiso sí es necesario y de que las empresas que desempeñan la actividad no deberían poder trabajar sin él. Como requisito para concederlo, añade, deben establecerse una serie de medidas correctoras por parte de la Generalitat, que ha de informar sobre esta licencia.

Le avala, señala, la Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, que establece que «la protección del medio ambiente, conforme a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, constituye una de las razones imperiosas de interés general que justifica la necesidad de mantener la autorización administrativa previa para las instalaciones con significativa incidencia medioambiental y la excepción del silencio administrativo positivo en los procedimientos de otorgamiento».

Y que señala en uno de sus epígrafes que requieren dicho permiso aquellas actividades señaladas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Entre las que se encuentra la carga y descarga de graneles, según Urbanismo.

Es por ello que en el escrito que enviaron ayer, dirigido directamente al presidente de la Autoridad Portuaria, le recuerdan que «la carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de graneles pulverulentos que se llevan a cabo en el Puerto de Alicante están sometidas al instrumento de intervención ambiental de licencia ambiental». Por lo que le indica que «para el ejercicio de dicha actividad debe obtenerse la mencionada licencia».

Esta misma semana, Gisbert manifestó en una reunión celebrada con vecinos de barrios cercanos al puerto que, en su opinión, esta actividad no requiere licencia ambiental y que cumple actualmente con la legislación vigente. Lo que ha desencadenado la denuncia vecinal.

Ahora, tanto la demanda como la petición municipal le obligan ahora a mover ficha.

7 de Noviembre de 2015

Urbanismo exige al puerto la licencia para mover graneles tras una denuncia ante Anticorrupción

Pavón pide a la Autoridad Portuaria un permiso ambiental que debe tramitar el Ayuntamiento

 f. j. benito

La solicitud llegó horas después de una denuncia de los vecinos de Gran Vía Sur por un presunto delito de prevaricación por omisión.

                    Urbanismo exige al puerto la licencia para mover graneles tras una denuncia ante Anticorrupción

El vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vías Públicas, Miguel Ángel Pavón, firmó ayer un escrito mediante el que se requiere al presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, la obtención de una licencia ambiental que debe tramitar el Ayuntamiento para permitir el ejercicio de la actividad de manipulación de graneles pulverulentos (carga y descarga de carbón y cemento) en el puerto.

En el escrito remitido a la Autoridad Portuaria, Miguel Ángel Pavón aseguró que la actividad de carga y descarga de graneles a cielo abierto en los muelles está sometida a contar con una licencia ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la ley autonómica de prevención, calidad y control ambiental de actividades.

Pavón recordó, en sentido, en un comunicado, que «en la primera reunión del actual consejo de administración de puerto, el pasado 6 de octubre, desde el Ayuntamiento ya anunciamos a Gisbert que exigiríamos al puerto que la manipulación de graneles pulverulentos se sometiera a un instrumento de intervención ambiental. Tras las oportunas consultas con la Generalitat ese instrumento es la licencia ambiental que debe tramitar el propio Ayuntamiento», señaló el edil.

Curiosamente, el escrito del vicealcalde Miguel Ángel Pavón, se producía horas después de que la asociación de vecinos Gran Vía-Sur, presentarse una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el propio Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria, a los que acusan de cometer un presunto delito de prevaricación por omisión, por permitir la actividad de carga y descarga de carbón y cemento a cielo abierto en los muelles, a sabiendas de que, según Gran Vía Sur, carece de las licencias, según apuntó ayer José Santamaría, vocal de medio ambiente de la asociación. Los vecinos sostienen que la actividad genera riesgos para la salud de los residente del entorno de la zona industrial del puerto y cuentan con dictámenes que apoyan sus sospechas del Síndic de Greuges y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. El puerto siempre ha sostenido, por su parte, que el movimiento de graneles cumple la legislación y que ha adoptado todas la medidas correctoras necesarias. El propio presidente, Juan Antonio Gisbert, señaló este punto en un discurso de toma de posesión delante de toda la comunidad portuaria, el alcalde Gabriel Echávarri y lo ediles Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, desde ayer denunciados ante el fiscal Anticorrupción, como miembros del tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante.

Pavón apuntó, por su parte, en su escrito, que «el ejercicio de la actividad debe ser compatible con la protección de la salud y del medio ambiente y la licencia debe garantizar esa compatibilidad con las oportunas medidas correctoras que deban establecerse». El edil no está en contra de la manipulación de los graneles, pero sostiene que la actividad debe cumplir escrupulosamente con la protección del medio ambiente y evitar posibles afecciones a los vecinos del entorno.

El responsable de Urbanismo recordó que a los tres expedientes que a finales de 2008 se sometieron a información pública para que las tres empresas que operan con graneles en el puerto obtuvieran la correspondiente licencia municipal –expedientes que finalmente fueron archivados por el PP que gobernaba el Consistorio- se incorporó un informe de la Conselleria de Medio Ambiente contemplando una serie de medidas correctoras «que esperamos vuelvan a ser exigidas por la Conselleria en el informe que tiene que emitir en el marco de la licencia ambiental que desde el nuevo equipo de gobierno exigimos ahora al puerto».

Medidas correctoras

 
En concreto, el Ayuntamiento exige «tolvas ecológicas, cintas carenadas, filtros de mangas y almacenamiento en naves o silos cerrados, que son algunas de las medidas apuntadas en 2009 por la Conselleria, y que permitirían la corrección ambiental de una actividad que seis años después continúa sin tener autorización ambiental alguna», destacó Pavón.

El equipo de gobierno municipal tiene la firme voluntad, según el vicealcalde, de revertir la actual situación dando cumplimiento a uno de los puntos recogidos en programa que permitió el pacto de gobierno. «La adecuación de la manipulación de graneles sólidos a la normativa ambiental y urbanística en el marco de la integración urbana y ambiental de Puerto y ciudad», subrayó el vicealcalde Miguel Ángel Pavón.

El paso adelante dado ayer por los vecinos de Gran Vía Sur es el más importante desde que hace diez años iniciaran su cruzada contra la manipulación al aire libre del carbón, cemento y otros graneles en el puerto.

 

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