6 de Julio de 2017

Compromís pide al Gobierno que cierre en naves la actividad 'tóxica' del puerto de Alicante

SERGIO SAMPEDRO

- Insta al ministro de Fomento a «adoptar las mismas medidas que Santander» y financiar unos recintos para los graneles

- El Consell exige medidas 'anticontaminantes' por cuatro millones de euros

- Las empresas rechazan solicitar licencia ambiental

La diputada de Compromís Cristina Rodríguez Armigen reclamará al Ministerio de Fomento hacer «las inversiones necesarias para que la carga y descarga de graneles se practique en naves cerradas al puerto de Alicante, como ya se hace en el puerto de Santander». La diputada ecologista de Elda mantuvo una reunión la semana pasada con una representación del vecinos de los barrios de Benalúa, La Florida y San Gabriel para dar apoyo a las «legítimas reivindicaciones» de la Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas del Puerto de Alicante, una entidad recién constituida y de la que forman parte entidades vecinales, asociaciones de padres de colegios de la zona, ecologistas y otros colectivos.

                    Graneles ubicados en el Puerto de Alicante, en una imagen de archivo. E. C.

«Exigimos al Estado que se tome seriamente esta situación. Los casi cuatro millones de euros incluidos a los Presupuestos Generales del Estado no son suficientes para afrontar el cierre de las naves. Los trabajadores del Puerto y los vecinos merecen unas instalaciones saludables las cuales permitan a unos y otras trabajar y vivir sin miedo», indicó la diputada.

En su opinión, el Consell «está dotando de medidas legales y de seguridad una situación que durante muchos años los anteriores gobiernos autonómicos tenían desatendida, desoyendo las legítimas reclamaciones de las personas afectadas por la actividad del puerto». En concreto, Medio Ambiente reclamaba al Puerto inversiones por valor de cuatro millones de euros, aunque la Autoridad Portuaria no está cumpliendo los plazos para instalar los medidores de contaminación y el Gobierno valenciano ha abierto un expediente que puede derivar en sanciones.

Según Compromís, el Gobierno español ya ha tomado en otros puertos del Estado medidas como las reclamadas por los vecinos, como es el cierre de las infraestructuras donde se trasiegan los graneles. «El actual ministro de Fomento, Íñigo De Serna, pidió lo mismo cuando era alcalde de Santander e imaginamos que entenderá la situación que sufre el vecindario y sabrá lo que hay que hacer».

Tal como publicó EL MUNDO, la Plataforma de Afectados por las descargas Tóxicas del Puerto han presentado una querella contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y el concejal de Urbanismo y su número dos, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), por presuntamente haber permitido el ejercicio de la actividad de carga y descarga de graneles sin licencia. Realmente esta situación se arrastra desde hace años, porque las empresas siempre han operado en las instalaciones portuarias sin autorización.

Sin embargo, esta plataforma considera que, al tener conocimiento de que esta actividad seguía sin regularizarse, desde el Ayuntamiento «deberían de haber suspendido la carga y descarga de graneles», algo que es competencia de la Administración local como también recordó la Conselleria a Pavón. En la querella se solicita que se impute a alcalde y vicealcalde por un delito de prevaricación.

Precisamente este miércoles Pavón informó de que las tres empresas que ejercen la actividad de carga y descarga de graneles presentaron el pasado 7 de junio «sendos escritos en los que se oponen a que se les exija licencia ambiental, y en los que solicitan que se continúen tramitando las declaraciones responsables que presentaron en el mes de diciembre de 2016».

«Junto a los escritos aportan diversa documentación que, en opinión de las empresas, supone atender la petición municipal de subsanación documental que se les trasladó a finales de marzo». Ahora el Ayuntamiento estudia cómo proceder.

6 de Julio de 2017

Compromís exige al Gobierno que los graneles del Puerto se muevan en naves cerradas

El Ayuntamiento estudia la alegaciones de las empresas a la petición de solicitar licencia municipal.

 f. j. benito 
 

La diputada de Compromís, Cristina Rodríguez Armigen, ha reclamado al Ministerio de Fomento hacer "las inversiones necesarias para que la carga y descarga de graneles se hagan en naves cerradas al puerto de Alicante, como ya se hace en el puerto de Santander". La diputada ecologista de Elda se encontró la semana pasada con una representación del vecinos de los barrios de Benalúa, La Florida y San Gabriel para dar apoyo sus revindicaciones.

Armigen ha hecho público un comunicado para "exigir al Estado que se tome el problema en serio. Los casi cuatro millones de euros incluidos a los Presupuestos Generales no son suficientes para afrontar el cierre de las naves. Los trabajadores del Puerto y los vecinos merecen unas instalaciones saludables las cuales permitan a unos y otras trabajar y vivir sin miedo ", ha indicado Rodríguez Armigen después de que se haya conocido la apertura por parte de la consejería de Medio ambiente de un expediente al Puerto de Alicante por no establecer en tiempo las medidas precisas para evaluar la calidad del aire.

Según Compromís, el Gobierno ya ha tomado en otros puertos del Estado medidas como las reclamadas por los vecinos, como es el cierre de las infraestructuras donde se mueven los graneles. "El actual ministro de Fomento, Íñigo De Serna, pidió lo mismo cuando era alcalde de Santander e imaginamos que entenderá la situación que sufre el vecindario y sabrá lo que hay que hacer", ha añadido la diputada.

Empresas graneleras

Por otro lado, el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, ha apuntado que las tres empresas que manipulan graneles al aire libre en el Puerto de Alicante presentaron el pasado 7 de junio sendos escritos en los que se oponen a que se les exija licencia ambiental y en los que solicitan que se continúen tramitando las declaraciones responsables que presentaron en diciembre de 2016.

Junto a los escritos aportan diversa documentación que, en opinión de las empresas, supone atender la petición municipal de subsanación documental que se les trasladó a finales de marzo. Los escritos se presentaron justo antes de que concluyera el primero de los plazos que desde el Ayuntamiento se dio a las empresas para que solicitaran licencia ambiental.

"os técnicos municipales están estudiando los escritos para resolver lo que proceda, unas resoluciones que esperamos tener en breve para continuar avanzando en la regularización municipal de una actividad que continúa generando molestias a los barrios situados en el entorno portuario", subraya Miguel Ángel Pavón.

 

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