Asociación de Vecinos Gran Vía Sur - Puerto

15 de Agosto de 2017

medidas correctoras impuestas por medio ambiente

Pavón se pone serio con las estibadoras: un mes para la licencia, o se paraliza la actividad

Miquel González

La legalidad en el Puerto de Alicante tiene muchas lecturas. En el caso de los nuevos gobernantes, Miguel Ángel Pavón (Esquerra Unida) en el Ayuntamiento de Alicante, y Julià Àlvaro (Compromís) en la Conselleria de Medio Ambiente, han entendido que la actividad que se viene llevando durante décadas sobre la descarga de graneles no se puede hacer con una declaración responsable; es decir, con el mismo trámite con el que se abre un restaurante o un comercio, en el que una persona jurídica o física abre bajo la responsabilidad de tener todos los papeles en regla. Pues no. Tanto Pavón como Àlvaro, avalados por sus técnicos, consideran que las empresas que realizan estas tareas de descarga, Cesa, Bergé Marítima y Alicante Port, lo deben hacer con una licencia ambiental concedida por el propio consistorio alicantino. Y además, el Puerto de Alicante debe aplicar unas medidas correctoras. O de lo contrario, se paralizaría la actividad sopena de imponer una multa de hasta 120.000 euros.

Los graneles, el Puerto de Alicante, los vecinos y las administraciones locales y autonómica llevan jugando una partida con varias fases. Pero en todas ellas se les ha exigido, por un determinado orden, que se cumpliera con una legalidad que anteriores administraciones, al parecer, no aplicaban con el mismo celo. Para ello, la Autoridad Portuaria se sometió a los controles de la Universidad de Alicante para exhibir que todo era legal y que no había contaminación alguna. Posteriormente, se le impusieron medidas correctoras que la Conselleria de Medio Ambiente ha ido vigilando su aplicación hasta este mes de agosto, cuando ha apercibido al Puerto para que se ponga al día.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Alicante ha rechazado las alegaciones de las tres empresas estibadoras -CESA Alicante, S., Bergé Marítima, S.L, y Alicante Port SL-, que manipulan graneles pulverulentos al aire libre en el puerto de esta ciudad,  al primer requerimiento municipal para que solicitaran licencia ambiental.Tras analizar los escritos de alegaciones presentados ante el consistorio por estas mercantiles, "los técnicos municipales del servicio de disciplina urbanística de Alicante han concluido finalmente en sendos informes que el instrumento de intervención ambiental aplicable a la actividad es el de licencia ambiental y no el de declaración responsable", según un comunicado del ayuntamiento.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, firmó el pasado viernes los tres decretos, uno por cada una de las empresas, en los que se les insta nuevamente, de acuerdo con los informes antes mencionados, "a presentar en el plazo de un mes -a contar desde su notificación efectiva- la correspondiente solicitud de licencia ambiental", indica la nota de prensa.Pavón espera que las empresas pidan "la exigible licencia en el plazo concedido, ya que de lo contrario, cabría plantear, como ya ha hecho Conselleria si persiste el incumplimiento de las condiciones de la autorización de emisiones a la atmósfera, la suspensión temporal de la actividad", señala el comunicado municipal.

Es decir, en resumidas cuentas, o se ponen al día todos, o en septiembre habrá sorpresas.

El Puerto dice que cumplirá

El Puerto de Alicante ha alegado a la Conselleria de Medio Ambiente que tiene de plazo hasta final de este mes de agosto para cumplir con las medidas correctoras contra la polución impuestas para realizar la carga y descarga de graneles pulverulentos, como recogía la autorización de emisión de partículas a la atmósfera.

Según han señalado a Europa Press desde la Autoridad Portuaria de Alicante, el Puerto ha recibido un expediente "informativo y de propuesta", "no de sanción", como han especificado, en el que la Conselleria les indica que si no cumplen con las medidas correctoras se pueden enfrentar a una multa de 120.000 euros, aunque tendría descuentos.

Al respecto, han señalado que han presentado alegaciones en las que argumentan que tienen de plazo hasta finales de mes para cumplir con lo requerido. De hecho, han manifestado que ya están colocadas varias de las mamparas protectoras para el viento, cañones de agua y anemómetros. No obstante, han reconocido que aún faltan otras, como la instalación de las estaciones medidoras de la calidad del aire.

En todo caso, aunque pueden restar "algunos detalles", desde el Puerto han reiterado su intención de "cumplir con lo que nos piden" en el tiempo establecido. Sin embargo, han apostillado que "otro tema" es la licencia ambiental que deberían obtener las tres empresas que se dedican a esta actividad en la dársena alicantina.

 

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