28 de Noviembre de 2017

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Los vecinos piden al juez que se aplique el cese de la actividad de graneles

Han presentado alegaciones económicas y de salud, contra la suspensión cautelar del Decreto de Urbanismo que impedía la carga y descarga de graneles al aire libre

Sonia Martín 
 

La Plataforma de Afectados por Descargas Tóxicas del Puerto ha pedido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Alicante que impida la carga y descarga de graneles al aire libre en el Puerto, tal y como exigía el Decreto del ya exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón.

Se basan en razones de tipo económico y también de salubridad y medioambientales para reclamarle al juez que sopese las razones por las que hace unos días dictó esa "medida cautelarísima", en tanto resolvía si levantaba, mantenía o modificaba el decreto de Pavón.

Recordamos que la suspensión cautelar de este decreto se dictó después de que las tres estibadoras implicadas lo recurrieran, atendiendo al perjuicio que podía suponer suspender la actividad de éstas, aunque el juez no entró en el fondo del asunto; esto es, si las empresas deben presentar licencia ambiental o si basta con la declaración responsable.

Este lunes 27, la Plataforma y dentro del plazo de tres días dictado por el juez, presentó esas alegaciones a través de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, uno de los colectivos que la integran, según explica José Santamaría, portavoz.

Espera la plataforma que en cuestión de días el juez dictamine, atendiendo al daño que esta actividad de descarga de graneles provoca tanto en el plano económico como en el sanitario. Destacan que un 68% de los días, en Alicante se triplican los niveles de contaminación máximos fijados por la OMS. Por eso han pedido, conforme a esas alegaciones, que el juez le ordene una caución de 15 millones de euros.

Para este viernes, 1 de diciembre, la Plataforma ha convocado una concentración ante la delegación regional de la Casa de las Brujas bajo el lema "¡Polvo tóxico no, naves ya!"

Mientras, el grupo municipal de Compromís, ahora en la oposición anuncia que elevará al Pleno de este jueves una propuesta de transacción para instar al Ministerio de Fomento a que realice las inversiones necesarias para compatibilizar la salud de los vecinos con la actividad económica en el Puerto, inversiones, dicen, que pasan por habilitar naves cerradas.

En el otro lado, los socialistas llevarán a este mismo pleno una declaración institucional pidiendo el "compromiso en el fomento y desarrollo del puerto", el apoyo a los trabajadores y solicitando "de las autoridades del Estado y de la Generalitat, la colaboración precisa y la eliminación de las barreras que lo dificulten".

28 de Noviembre de 2017

reclama una caución de 15 millones para cubrir daños

Un colectivo insta al juez a frenar los graneles del Puerto por su impacto económico y sobre la salud

ALICANTE. Más acciones legales en la controversia por la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante. Esta vez, a cargo de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. Dicho colectivo acaba de presentar un escrito de alegaciones al auto del Juzgado de lo Contencioso número 1 conocido la semana pasada por el que solicita que se apliquen los decretos de suspensión de actividad dictados por el ahora exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), en contra de la medida cautelar concedida a petición de una de las tres empresas estibadoras, Bergé Marítima. La asociación reclama que se revoque esa decisión al considerar que el movimiento de materiales pulverulentos genera un doble perjuicio público: el económico y el ejercido sobre la salud de las personas.

En primer término, la asociación alude al objeto de su creación -la defensa de los consumidores- para que se admita su personación en el procedimiento al sostener, precisamente, que con su acción trata de preservar el interés general. En esta línea, incide en que el área afectada por el movimiento de materiales pulverulentos que se desarrolla en los muelles 11, 13 y 17 afecta a un ámbito en el que se encuadran hasta diez centros educativos.  

Acto seguido subraya que los argumentos esgrimidos en la resolución judicial para dejar sin efecto los decretos municipales de cese de actividad no se sostienen. En especial, el que alude a la disponibilidad de autorización ambiental de emisiones a la atmósfera concedida por la Conselleria de Medio Ambiente. En su escrito, el colectivo señala que la vigencia de esa autorización está supeditada a unas condiciones que en este momento no se estarían cumpliendo. De hecho, incide en que la propia conselleria ha abierto dos expedientes sancionadores por la superación de los niveles legales de emisión de partículas en dos episodios temporales concretos. Y abunda en que así puede constatarse a través del simple seguimiento de los valores registrados en la red de medidores exigida en la propia autorización autonómica, con datos publicados en la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica (RVVCA). Unos medidores que, según remarca el escrito, se han colocado con seis meses de retraso en un intento de impedir la existencia de "pruebas de contaminación".

La asociación sostiene que se olvida el efecto de la actividad sobre los intereses turísticos de Alicante y asegura que Sanidad habría iniciado un estudio sobre la morbilidad y la mortalidad asociada a la contaminación

En segundo lugar, el colectivo señala que el perjuicio económico al que el juzgado hace referencia para levantar los decretos de suspensión sólo considera el impacto desde el ámbito privado. En esta línea, el escrito de la asociación aduce que debería tenerse en cuenta las consecuencias que la actividad de carga y descarga de graneles a cielo abierto supone para la imagen de la ciudad de Alicante y para sus intereses turísticos, toda vez que la actividad se desarrolla en un Puerto que también recibe cruceros. 

En tercer lugar, el escrito incide en el impacto sobre la salud que atribuyen a los altos niveles de propagación de partículas a la atmósfera. La asociación llega a aportar, en sus alegaciones, un dato del que hasta ahora no se ha tenido constancia oficial: "El Departamento de Salud Pública de Alicante ha iniciado un estudio de morbilidad producida por la contaminación de la actividad pulverulenta del Puerto de Alicante de 3 meses de duración que comenzó en octubre de 2017 y otro de mortalidad producida por las mismas causas de un año de duración". 

En cuarto y último término, la asociación de consumidores plantea que se exija a una caución que valora "a tanto alzada" en 15 millones de euros para cubrir esa doble vertiente del daño causado (la económica y sobre la salud), en el caso de que el juzgado decida mantener la medida cautelar (es decir, no aplicar la suspensión de actividad). La valoración se hace a tanto alzada, según el escrito, en la medida en que: "Nos es imposible evaluar económicamente el riesgo para la salud de las personas con exactitud y precisión hasta que el Departamento de Salud Pública de Alicante termine los estudios de morbilidad y mortalidad producidas por la contaminación producida por la actividad de los graneles del Puerto de Alicante, es decir, hasta octubre de 2018".

La doble iniciativa de Compromís

El escrito de alegaciones del colectivo trascendió justo en la misma jornada en la que se conocieron dos iniciativas de Compromís en dos niveles distintos. En primer lugar, la diputada autonómica Cristina Rodríguez instó al Ministerio de Fomento a acordar un calendario para forzar la construcción de naves cerradas para la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante. Máxime, después de la proposición no de ley aprobada en les Cortes la semana pasada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

La segunda iniciativa responde a una propuesta previa registrada por el PSOE ante el desarrollo del pleno municipal de este jueves. Los socialistas han planteado una moción en defensa de los puestos de trabajo asociados a la actividad del Puerto que Compromís planteó transaccionar, en la Junta de Portavoces celebrada este lunes, para que se presentase el mismo texto que quedó aprobado en les Corts.  

 

 

Noticia de dias anteriores:

23 de Noviembre de 2017

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Afectados por los graneles instan a revocarle la licencia al puerto

Un informe remitido al Síndic por la Conselleria constata niveles de toxicidad que multiplican por diez los niveles permitidos

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Un informe remitido por la propia Conselleria donde se recogen "niveles elevados de contaminación al medio ambiente" es la base para que la Plataforma de Afectados por Descargas Tóxicas del Puerto haya remitido un escrito a la dirección territorial de Medio Ambiente, exigiendo que se revoque la autorización del puerto para la descarga de graneles, actividad que se ubica en el muelle 17 y parte de los muelles 11 y 13.

Instan a que la medida se aplique en noviembre, cuando habrá transcurrido ya un año desde que fue concedida la autorización provisional, que estaba condicionada a que no se superasen los máximos establecidos en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en l'Alacantí.

Lo piden tras la queja que interpusieron ante el Síndic y la confirmación remitida a éste de que las partículas PM10 -que son las partículas sólidas o líquidas en polvo que pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas- llegan a multiplicar hasta por diez los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud.

Los medidores instalados en el puerto, y cuyos resultados son públicos, han llegado a registrar hasta 223 miligramos por metro cúbico, el pasado 23 de mayo; pero son habituales, además, valores que superan concentraciones superiores a 100 miligramos, entre los meses de abril y junio pasados.

A ello se suma que la plataforma ha comprobado "17 superaciones de esos valores en menos de cuatro meses", de junio a septiembre pasados, algunos, tras la instalación de los últimos medidores, cuando la ley, recuerdan, les permite 35 superaciones por año. Insiste José Santamaría, portavoz, en que las medidas correctoras que se aplicaron -como la tolva ecológica, que califican de "pantalla publicitaria"- son insuficientes y hacen hincapié en estos "picos peligrosos".

Estudio epidemiológico en dos fases

Además, la plataforma ha acordado con la conselleria de Sanidad iniciar este mismo mes los preparativos para un estudio epidemiológico de salud en dos fases: un primero, con un plazo de tres meses, de mortalidad e ingresos hospitalarios, y otro superior a un año, de morbilidad, donde se compararán los niveles de exposición tóxica en las fachadas del barrio próximo al puerto y de otra zona en la ciudad.

La Conselleria ya reconoció en una auditoría en agosto que aún quedaban "medidas correctoras por verificar", como las relacionadas con los sistemas de riego y con la cubrición de acopios y que si en el plazo de unos meses se comprobaba que resultaban "insuficientes", el Puerto deberá implantar "medidas adicionales", que no descartaban las naves cerradas.

 

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