19 de Enero ed 2018+

 Nuevo varapalo judicial al Puerto Alicante al prohibir de nuevo el movimiento de graneles

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para la operativa hasta que las pantallas cortavientos sean reglamentarias

F. J. Benito

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 El juez titular de la sala primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha revocado la autorización provisional que concedió al Puerto la semana pasada para cargar graneles en tres barcos y ha vuelto a suspender la actividad en los muelles 13, 15 y 167, que se cierran a los graneleshasta que la Autoridad Portuaria no cumpla la medidas correctoras exigidas por el Consell.

 

 

Imagen de archivo de movimiento de graneles en el Puerto de Alicante Alex Domínguez

Es decir, que las pantallas cortavientos se dispongan en forma de "u" y su altura sea, al menos un 10% desde la base, más altas que el acopio de material (graneles) que se depositan en los muelles. De esta foma, el auto hecho público por el juez devuelve la situación a la que marcó la orden de suspensión dictada por la Dirección General de Calidad Ambiental del la Generalitat del pasado 20 de diciembre, cuando se suspendió la actividad hasta febrero.

 Un nuevo varapalo judicial para el Puerto de Alicante, ya que el magistrado estima, no sólo que no se han tomado las medidas que exige el Consell para reducir el impacto ambiental que provoca el movimiento de graneles, sino que en el auto se detalla, según las mediciones del propio Puerto, los días en los que la emisión de partículas a la atmósfera vulneró la normativa ambiental.

De nada han servido los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado en el sentido de que la suspensión provocará un quebranto importante en la economía portuaria. El juez lo admite pero insta al propio Puerto a tomar la medidas correctoras para que se pueda reanudar la actividad granelera, recordándole que en su mano está, según refleja el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Esta misma semana, el Puerto vulneró, incluso las pautas de la suspensión cautelar de la paralización de los graneles dictada por el Consell al trabajar de noche en uno de los barcos que tenía autorización. Ahora mismo, varios barcos esperan para poder amarrar en Alicante porque demanda existe por lo que el nuevo auto agrava la situación de las empresas que mueven graneles y la economía portuaria.

La Conselleria de Medio Ambiente abrió en noviembre un segundo expediente sancionador -tres delitos calificados como graves y que llevan una multa de 70.000 euros- al Puerto de Alicante por seguir incumpliendo las medidas correctoras que le exigió la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para darle la autorización ambiental del movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17 del Puerto. Permiso que expira en abril de 2018 pero sobre el que pesan ya dos expedientes, uno abierto el pasado agosto y otro el actual.

En concreto, los técnicos de Calidad Ambiental han comprobado que los cinco medidores instalados en el Puerto han detectado que el movimiento de graneles incumple la normativa ambiental, al haberse comprobado que entre el 18 de agosto y el pasado 25 de octubre, la carga y descarga de graneles superó en 20 días los límites de concentración de partículas contaminantes (PM10). En ocasiones, hasta cuatriplicando el nivel máximo permitido como figura en el medidor Alacant T-Frutero, según figura el informe de Medio Ambiente. Los técnicos señalan también en su informe que las pantallas cortavientos no tienen la altura establecida en la autorización ambiental del 21 de noviembre de 2016.

En concreto, en la estación Alacant Parc-Mar (existente antes ya de agosto de este año) se han superado hasta en 20 ocasiones la media diaria de emisiones y en 60 días desde que se puso en servicio. En la de Alacant-Frutero se ha superado en 19 días valores horarios que doblan la concentración permitida de partículas en suspensión, y en alguna ocasión hasta se llegaron a cuatriplicar los valores. En Alacant-ISM se superaron en seis días y en Alacant-Pesquera el desfase también fue de seis días.

Medio Ambiente considera que se han cometido tres infracciones graves en relación a lo establecido en la autorización ambiental. La primera, que no se ha puesto en conocimiento «inmediato» de la Generalitat y no se han tomado las medidas necesarias cuando ha existido, según el informe, una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de las concentraciones elevadas de partículas detectadas en las estaciones medidoras, que pueden suponer riesgo para la salud de las personas.

En segundo lugar, los técnicos estiman que no se aplican adecuadamente la medidas correctoras y requisitos técnicos en determinados momentos del desarrollo de la carga y descarga de graneles, puesto que la altura de los acopios (montañas de cemento) supera la altura de las pantallas instaladas. En la autorización se establece que la altura móviles debe ser siempre superior a la altura del acopio, «al menos en una distancia equivalente al 10% del lado mayor de su base».

Y la tercera falta, según la documentación a la que tuvo ayer acceso este periódico, que las estaciones de control, en concreto tres equipos de medición contínua de las partículas PM10, entraron en funcionamiento con retraso, fuera del plazo establecido de seis meses otorgado en la autorización, «lo que ha dificultado el seguimiento y control del cumplimiento de los valores de calidad del aire para la protección de la salud». La infracciones podrían dar lugar a la imposición final de multas de hasta 200.000 euros y prohibición o clausura temporal, total o parcial de las actividades durante dos años. 

El expediente abierto en noviembre supone, en la práctica, una prórroga hasta final de enero del expediente abierto en agosto de 2017 al Puerto para completar la adopción de medidas para corregir el impacto ambiental que provoca en el entorno urbano de los muelles el movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17, debido a que, en base a la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, los expedientes de este tipo caducan a los tres meses.

19 de Enero de 2018

 AVAL A LA ORDEN DICTADA POR LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

El TSJ ratifica la suspensión de los graneles y saca los colores al Puerto: las emisiones son ilegales

 

Las tres empresas dedicadas a la carga y descarga de materiales pulverulentos en los muelles de Poniente del Puerto de

Alicante (Bergé Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante) no podrán desempeñar su actividad hasta que no se cumplan

los requisitos establecidos por la Conselleria de Medio Ambiente. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia (TSJCV) ha dictado un último auto este mismo viernes en el que confirma la orden de suspensión

dictada por el departamento autonómico el pasado 20 de diciembre frente a la petición formulada por la Autoridad

Portuaria para que se dejase sin efecto esa paralización mientras se dirime el fondo del asunto. 

 

 

 

La nube de polvo levantada en una de las operaciones de descarga de graneles en el puerto.

La ratificación de esa orden -que prohíbe el desarrollo de la operativa- se produce, además, con una inusitada contundencia en la medida en que el alto tribunal da por probado al menos de modo indiciario que, desde abril del año pasado, hasta octubre de ese mismo ejercicio se superó en 36 días distintos el nivel máximo de emisión de partículas a la atmósfera que permite la legislación ambiental.

El TSJ recoge, así, como válidas las conclusiones reflejadas en el informe aportado por la conselleria, de 31 de octubre del año pasado, a partir de los registros captados en las cuatro estaciones de medición de la calidad del aire instaladas a instancias del propio departamento autonómico (fue una de las condiciones requeridas en la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera concedida al Puerto). Esas cuatro estaciones entraron en funcionamiento en agosto y permitieron constatar 20 episodios de superación del umbral límite de emisiones. Pero, además, el TSJ también tiene en cuenta los valores captados por la estación de control preexistente, la ubicada en el llamado Parque del Mar, propiedad de la Autoridad Portuaria, en la que, igualmente, se detalla que se superaron esos valores límite en otros 16 días.

La cifra global de los 36 días de superación de los niveles máximos permitidos resulta trascendente, además, en la medida en que la propia autorización de emisiones concedida a la Autoridad Portuaria establece que no podrán superarse el valor límite anual de emisiones de partículas al medio ambiente en más de 35 ocasiones por año. 

EL ALTO TRIBUNAL CONCLUYE QUE DEBE PREVALECER EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y CONMINA AL PUERTO A CUMPLIR LA AUTORIZACIÓN DEL CONSELL 

 En su resolución, el alto tribunal da por bueno, igualmente, el argumento esgrimido por la Abogacía del Estado en representación del Puerto al estimar que la suspensión de la operativa durante el plazo máximo de tres meses en los que podría prolongarse el procedimiento sancionador, puede conllevar un perjuicio económico. Ahora bien, el auto matiza que ese daño no tiene por qué considerarse irreparable, como también se apunta en las alegaciones de la Abogacía del Estado. Sea como fuere, en último término y sin prejuzgar el fondo del asunto que se dirime en el procedimiento, el TSJ concluye que debe prevalecer el principio de "respeto al medio ambiente, referido al necesario control de las emisiones atmosféricas par evitar la contaminación relacionada con la salud de las personas". Y añade: "Sobre todo si se tiene en cuenta que la distancia entre el extremo norte del muelle 13 y el barrio Heliodoro Madrona es de 185 metros y la distancia a la Avenida Loring Plaza de Galicia es de 437 metros; así como la distancia al LIC de Tabarca es de 850 metros". Por si fuera poco, el TSJ también incide en que -como detalla la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, personada en el proceso- existen activos diez centros educativos en las proximidades del Puerto.

 Así, la sala resuelve que, tras atender al principio de prevención, "con los datos que tenemos, debemos ratificar la medida suspensiva de la actividad, confirmando cautelarmente la suspensión también cautelar de la administración, en prevención y para evitar que puedan producirse daños en la salud de los ciudadanos, derivados de la contaminación atmosférica que está materializando la actividad portuaria".

 En este sentido, el auto remarca que la Autoridad Portuaria tiene la posibilidad de tomar las medidas necesarias para que el Consell levante la suspensión de la operativa: basta con que acredite que se ajusta a los requisitos exigidos en la autorización ambiental que el propio Puerto aceptó. Es decir, que cumpla con la colocación de las pantallas móviles dispuestas en forma de 'U' y que garantice que la altura de esas pantallas sea al menos un 10% superior a la altura de los acopios de graneles.

 La resolución, que es recurrible en el plazo de cinco días, se produce justo en la última jornada en la que el propio TSJ había autorizado, este miércoles, la actividad de carga y descarga de materiales de un último barco cargado de trigo, acordada como medida cautelarísima.                 

19 de Enero de 2018

El TSJ suspende la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante

El tribunal avala el decreto del Consell que suspende la actividad hasta que no se adopten medidas para impedir la contaminación

Rechaza el recurso presentado por la Abogacía del Estado por los daños económicos que podría ocasionar a las empresas

La Autoridad Portuaria también se ha saltado las restricciones del TSJ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha rechazado el recurso planteado por la Abogacía del Estado contra el decreto del Consell que paralizaba la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante al haber detectado que no se estaban respetando las medidas anticontaminantes. En concreto, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno valenciano suspendió la actividad desde el pasado 20 de diciembre y hasta que la Autoridad Portuaria acredite que las pantallas móviles (las que impiden que las partículas contaminantes lleguen al núcleo urbano) son "un 10% más altas que lso acopios" de material.

                                            

                                                                   Empresas trabajando con los graneles en el Puerto de Alicante, en una imagen de archivo. MANUEL LORENZO

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, el TSJ resuelve a favor del Consell tras ponderar el daño que podría suponer para la actividad empresarial y contraponerlo con el derecho a la salud y el medio ambiente: "La sala entiende que este segundo principio (el medioambiental), es de prioritaria vigencia, al que debe ceder el primero (el económico), pues como establece el Tribunal Constitucional, la Constitución (en su artículo 45, defensa del Medio Ambiente para proteger la calidad de vida) no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos". Y acaba: "De modo que se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada".

Esta tesis contrasta con la utilizada por un juez de Alicante para analizar el decreto de paralización cautelar que en su día emitió el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), y que fue suspendido tras valorar el perjuicio que podría suponer el cese de actividad para las empresas estibadoras. La nueva resolución del TSJ será efectiva en cuanto se notifique a las partes, y los vecinos y colectivos sociales agrupados en al Plataforma Contra las descargas Tóxicas del Puerto advierten de que, si no se acata de manera inmediata, recurrirán a la vía penal.

Como ya publicó este diario la Plataforma ha denunciado que el Puerto ha ignorado de manera reiterada la orden de paralización lanzada por el Consell, por lo que se han presentado demandas en la Policía Autonómica exigiendo el cumplimiento de la resolución de Medio Ambiente. La Autoridad Portuaria sí ha solicitado permisos puntuales (a través de "medidas cautelarísimas") para que operen determinados barcos, pero incluso en estos casos los vecinos han demostrado que se han saltado las restricciones impuestas por el TSJ. Un ejemplo se dio el pasado día 15, cuando tomaron una fotografía del buque SSI Pride trabajando a las 22.40 cuando debía de haber parado a las 20.00 horas.


19 de Enero de 2018

 TRIBUNALES

 El TSJ ratifica la suspensión de la descarga de graneles en el puerto

El auto defiende que el derecho de eficiencia económica de explotación del puerto ceda ante el del respeto al medio ambiente

 Sonia Martín

Ya hay auto con la resolución definitiva para decidir si se confirma o no la suspensión de actividad de graneles en el puerto de Alicante, que en su día ordenó la Conselleria de Medio Ambiente de forma cautelar; una decisión que había sido recurrida por el puerto.

 El TSJ ha ratificado en un auto dado a conocer este viernes, la suspensión de esta actividad, atendiendo "al principio precautorio", es decir, el que por precaución respalda la adopción de medidas protectoras ante un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente
               
 Uno de los momentos de polvareda, provocado por la descarga de graneles en el Puerto de Alicante. / Plataforma de Afectados por las Descargas Tóxicas
 
Establece el tribunal que se ha "probado de manera indiciaria los riesgos para la salud que genera la actividad" y que "procede desestimar" la pretensión de suspensión solicitada por la Abogacía del Estado, en defensa del Puerto.

Habla el fallo de ratificar esta medida en tanto "no quiere el puerto, dice, acreditada una suficiente altura de las pantallas móviles", de forma que sea superior a la altura de los acopios, "al menos, dice, en una distancia equivalente al 10 por cien del lado mayor de su base".

Entiende el tribunal que "es de prioritaria vigencia" que el derecho de eficiencia económica de explotación del puerto, ha de ceder ante el otro principio con el que entra aquí el contradicción, que es el del respeto al medio ambiente, referido al "necesario control de las emisiones atmosféricas para evitar la contaminación, relacionada con la salud de las personas".

Apunta a otras resoluciones donde se advierte de que en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales, aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de la vidaprivada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio.

Contra este auto cabe recurso de reposición, en el plazo de cinco días.

 

 

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