23 de Enero de 2018

Desvío de barcos a València y otros muelles por el cierre del Puerto al tráfico de graneles

Los estibadores alertan de que el 90% de la plantilla se ha quedado esta semana en su casa al no haber trabajo

 f. j. benito 
 

La Cámara de Comercio insta al Consell y a la Autoridad Portuaria a buscar una solución.

Alarma en los muelles. La sucesión de autos y sentencias en contra del movimiento de graneles en el Puerto de Alicante ha terminado por desatar una alarma social en el colectivo de trabajadores y la propia Autoridad Portuaria, que ha visto como esta misma semana se ha suspendido la llegada de dos barcos graneleros y el último que pudo operar, el Spanaco, que trajo trigo para la empresa Harinas Bufort el viernes pasado no volverá de momento, y ha elegido Gandia para seguir moviendo una carga (cereal) que había recuperado Alicante en septiembre tras 40 años sin barcos. Ayer, la actividad laboral de los estibadores se había reducido un 90%, según José Castell, presidente del colectivo y, además, un nuevo auto del tribunal de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante ha activado el decreto del exvicealcalde de Alicante, Miguel Ángel Pavón, instando a las empresas que trabajan en el Puerto a pedir la licencia ambiental municipal.

Varias sentencias judiciales han terminado por paralizar la actividad de graneles en el Puerto de Alicante. Esta semana ya no entra ni un barco granelero. PILAR CORTÉS

El Puerto mueve al año 1,8 millones de toneladas de granel -103.290 toneladas en enero de 2017- con un impacto económico de 1,5 millones de euros, según trasladó la propia Autoridad Portuaria al Juzgado en sus recursos para tratar de parar la paralización de los graneles. Por su parte, la Cámara de Comercio mostró ayer su preocupación por la repercusión laboral que puede traer la paralización de los graneles e instó al Puerto y a la Conselleria de Medio Ambiente a resolver el contencioso.

José Castell, presidente de la Asociación de Trabajadores dependientes de la Autoridad Portuaria, alertó ayer de que «hasta el viernes por la tarde estábamos tranquilos, pero con la llegada de la Policía Autonómica y la paralización no se qué va a pasar. La prohibición no sólo afecta a los estibadores, sino a cientos de trabajadores que dependen de los graneles como son mecánicos, camioneros, empleados de las cementeras. Como esto siga así van a llegar los expedientes de regulación de empleo y si las empresas cierran, ya me dirán de qué van a comer las familias que dependen del salario que genera la actividad portuaria».

Castell trasladó la opinión de los trabajadores. «Yo llevo trabajando 30 años en el Puerto y no he tenido nunca ninguna enfermedad de esas que dicen los vecinos que pueden producirse por los graneles. Hay mucha especulación y se ha dicho mucha mentira como que les iban a construir una playa frente a sus casas. Castellón mueve mucho más granel que nosotros y ahí no hay ni siquiera pantallas cortavientos». El presidente de la Asociación de Trabajadores del Puerto rechazó, por otro lado, que «los acopios (granel) que se depositan en los muelles para su carga en los barcos superen la altura de las pantallas. Es mentira aunque los diga el juez o los vecinos. Que vengan al Puerto y lo vean».

Por su parte, Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara de Comercio, exigió al «Puerto y a la Generalitat que aborden el problema y busquen una solución que sirva para trabajadores y vecinos. Urge tomar medidas porque si se desvían barcos, puede producirse una auténtica sangría de puestos laborales y eso no se puede permitir».

Mientras, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Alicante comunicó ayer a una de la empresas estibadoras que mueve graneles en el Puerto, en concreto Bergé Marítima, que ha caducado la suspensión cautelar que dictó el pasado noviembre por la que canceló el decreto del entonces vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que prohibía el movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17 hasta que las mercantiles no obtuvieran la licencia ambiental municipal.

Según el auto hecho público ayer lunes, el Juzgado notificó el pasado 12 de diciembre a la empresa que tenía 20 días para formalizar la demanda, habiéndose dejado transcurrir el plazo, según el auto, sin presentar escrito alguno al respecto y sin devolver el expediente administrativo que le fue entregado el 13 de diciembre. Contra la resolución que no es firme puede interponerse recurso de súplica ante el Juzgado en los próximos cinco días, según reza el auto fechado el pasado miércoles.

La notificación llega tan solo tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana revocara la autorización provisional que concedió al Puerto hace dos semanas para cargar graneles en tres barcos y, por tanto, volvió a suspender la actividad en los muelles, que se cierran a los graneles hasta que las pantallas cortavientos se dispongan en forma de «u» y sean más altas que el acopio de graneles.

23 de Enero de 2018

acciones legales frente a la orden de suspensión

Las estibadoras de graneles darán la batalla: tomarán medidas contra la paralización del Consell

El conflicto sobre el movimiento de graneles en el Puerto de Alicante se recrudece con la apertura de un nuevo escenario: el inicio de acciones legales por parte de las tres empresas estibadoras a cargo de esa operativa contra la orden de paralización de la actividad, dictada el pasado 20 de diciembre por la Conselleria de Medio Ambiente. Sobre todo, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ratificase la plena vigencia de ese bloqueo frente a la petición de suspensión de su eficacia presentada por la Autoridad Portuaria
                                             Las grúas, en plena operativa. Foto: RAFA MOLINA
                     

Representantes de esas tres compañías (Bergé Marítima, Cesa Alicante y Alicante Port) consultados por Alicante Plaza confirmaron este lunes que sus servicios jurídicos ya están recopilando informes técnicos con el propósito de concretar cuál es la vía procesal más indicada para canalizar la defensa de sus intereses. En principio, se barajan dos alternativas básicas: sumarse al procedimiento iniciado por la Autoridad Portuaria contra esa orden de conselleria o emprender un nuevo procedimiento con un contencioso propio. La decisión definitiva se adoptará probablemente a finales de esta próxima semana, ya que, según las fuentes consultadas, las tres compañías no pueden quedarse de brazos cruzados ante un bloqueo de la operativa para el que hasta ahora no hay fecha de caducidad concreta. 

En principio, de acuerdo con la resolución del TSJ, la vigencia de la orden de paralización está supeditada a la conclusión del plazo límite para la resolución del expediente (según el auto de tres meses) o a la ejecución de las medidas correctoras exigidas por el Consell en la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera concedida por Medio Ambiente en noviembre de 2016. Entre ellas, la instalación de muros pantalla dispuestos en forma de 'U' para evitar la propagación de partículas a la atmósfera. La altura de esas pantallas siempre debe ser un 10% superior a la de los montículos de materiales pulverulentos que se descarguen en los muelles de Poniente.

En el caso de que las tres empresas optasen por presentar un recurso propio, se convertiría en el cuarto contencioso planteado a cuenta del desarrollo de la operativa. En este momento, en los juzgados de lo Contencioso de Alicante se dirimen dos procedimientos distintos a instancias de los recursos presentados por las tres compañías estibadoras: uno frente a los tres decretos de suspensión de la operativa dictados por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y otro frente a los decretos de ese mismo departamento en los que se conminaba a las empresas a exigir licencia municipal de actividad, al estimar que no resultaba suficiente la presentación de una declaración responsable. Este mismo lunes se avivó la controversia a cuenta del primero de esos procesos a partir de un auto en el que se daba por extinguido el plazo de una de las estibadoras para formalizar la demanda. Sin embargo, según las compañías, ese auto es producto de un retraso en la notificación del registro de esa demanda, que -sostienen- sí se hizo en plazo. 

El tercer procedimiento es el ya citado: el que se dirime en el TSJ, en respuesta al recurso interpuesto por la Autoridad Portuaria frente a la orden del Consell. Desde la apertura de esos procesos, tanto los juzgados de lo Contencioso como el TSJ han venido levantando las decisiones administrativas de suspensión para permitir la carga y descarga de materiales, en respuesta a la petición de medidas cautelares registradas bien por las estibadoras o bien por la Autoridad Portuaria. El alto tribunal ha llegado a acordar el levantamiento puntual de esas órdenes de paralización para permitir las llegadas de determinados buques, programadas antes de que se dictase la suspensión. 

No obstante, esa dinámica se rompió el pasado viernes a través de una dura resolución en la que el TSJ da por probado de forma indiciaria que se han superado los niveles máximos de emisiones de partículas a la atmósfera al menos en 36 ocasiones desde el pasado mes de abril. En esa línea, en su auto acordó aplicar el principio de prevención del respeto al medio ambiente y a la salud de las personas para mantener el bloqueo de la actividad mientras se corrige la infracción detectada por Medio Ambiente o mientras se dirime el fondo del contencioso: si existían motivos para ordenar esa paralización.

 

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