Foto vecinos en el Pleno del día 25 junto al,lider de Guanyar

que defendió la declaración Institucional a instancia vecinal

 

26 de Enero de 208

 Compromís, Cs, PP y PSOE, en contra de imponer las naves

El pleno del Ayuntamiento de Alicante volvió a visibilizar ayer el lío en el que están metidos tres de los partidos políticos con representación municipal. Se votaba una moción del edil de Guanyar sobre el movimiento de graneles en el Puerto. Pues bien, en el segundo punto, en el que se pedía que el Ayuntamiento instara a la Conselleria de Medio Ambiente a imponer las naves cerradas en el Puerto, PSOE, PP, y Compromís votaron en contra, y Ciudadanos se abstuvo. No salió adelante. Si tuvo apoyo por unanimidad el apoyo a las reivindicaciones de los vecinos afectados.En menos de una semana la actividad en el Puerto ha descendido un 70%. Se han desviado dos barcos, se están cancelando escalas futuras por falta de garantías en la manipulación y se han puesto en las carreteras valencianas unas 400 toneladas diarias de clínker -granel con el que fabrica el cemento- en dirección a València y Murcia. Datos que los trabajadores aprovecharon ayer para reclamar la dimisión de los responsables de esta medida, «por no tratar con igualdad a todos los trabajadores y ciudadanos y por poner en peligro 1.800 puestos de trabajo directos». C. P. / F. J. B.

26 de Enero de 201

El PSOE ve factores ajenos a los graneles en la contaminación y rechaza la imposición de naves

Raúl Navarro

Primero el PGOU. Otra vez el PGOU. Y después, la polémica por los graneles. Otra vez los graneles. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante han vuelto a airear sus diferencias a cuenta de la regulación de la operativa de carga y descarga de materiales pulverulentos en el Puerto de Alicante en el debate de una declaración institucional de urgencia presentada por Guanyar de respaldo a los vecinos afectados por esa actividad.

 El líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha señalado que la propuesta trata de reconocer la situación que vendrían soportando los residentes próximos al recinto portuario, como consecuencia de años de parálisis por parte de la Administración, que no ha velado para que se desarrolle con garantías ni para que se procurase el respeto a su salud. "Un derecho protegido por la Constitución", ha incidido. La declaración institucional incluye una petición expresa a la Conselleria de Medio Ambiente para que se imponga la construcción de naves cerradas en el Puerto para el desarrollo de la actividad.    

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha considerado que la iniciativa era oportunista y que ya no era el momento de debatir sobre ella cuando, este viernes, en el consejo de administración del Puerto, se va a plantear la convocatoria de un concurso para externalizar la explotación de una terminal específica para el movimiento de graneles en el que se incluya la construcción de naves cerradas en depresión.

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs), Antonio Manresa, ha insistido en la necesidad de que se compatibilice la actividad económica en el Puerto con medidas que eviten molestias a los vecinos sin poner en peligro la continuidad de los puestos de trabajo. 

El concejal de Desarrollo Económico, el socialista Carlos Giménez, ha reprochado que la propuesta de Guanyar sólo hablase de prestar apoyo a los vecinos, "una parte de los vecinos, sin tener en cuenta a otros vecinos, que son los trabajadores que dependen de esa actividad", ha precisado. En esta línea, ha abundado en que el derecho al trabajo también es un derecho reconocido por la Constitución y ha añadido que la intención de Guanyar "es desprestigiar al Puerto, evitar la llegada de empresas que pretendan invertir en la ciudad y generar paro". "Le cuento lo que va a hacer el PSOE: votar a favor del concurso sobre la terminal de graneles en el consejo del Puerto y emprender estudios para determinar por qué las estaciones de medición de la calidad del aire" instaladas en el entorno del Puerto "siguen reflejando niveles de emisiones de partículas superiores a las permitidas", incluso después de varios días de que la operativa esté suspendida por el auto de suspensión dictado por el Tribunal Superior de Justicia, ha señalado.

ECHÁVARRI ANUNCIA UN ANÁLISIS DE CAUSAS Y DE POSIBLES SOLUCIONES SOBRE ESOS REGISTROS DE EMISIONES POR ENCIMA DE LA LEGISLACIÓN

 En esta línea, el alcalde, Gabriel Echávarri, ha intervenido para sostener que probablemente resulte necesario tomar otras medidas como el desvío del tráfico de camiones o la limitación del tránsito general por ese acceso sur para reducir esas emisiones, tras ofrecer a los vecinos presentes en el salón de plenos copia de los registros captados por esas mediciones en los que se refleja la superación de esos niveles.        

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, no ha negado que los vecinos estén en su derecho de expresar sus quejas por las molestias generadas por la actividad y ha defendido una enmienda de adición a la propuesta de Guanyar por la que se incluía el respaldo a los trabajadores del Puerto, en el primer punto de la declaración institucional, y por la que se planteaba la retirada del término "imposición" que reflejaba la propuesta formulada por Guanyar y su sustitución por "requerimiento", en su segundo punto.

En último término, la votación de la iniciativa se ha producido por separado. El primer punto, el del respaldo a los vecinos del entorno del puerto y a sus trabajadores, se ha aprobado por unanimidad. Sin embargo, el segundo -en el que no se ha reconocido la enmienda del PP- se ha rechazado con 18 votos: los de PP, PSOE, Compromís y el edil no adscrito, Fernando Sepulcre. Cs se ha abstenido y Guanyar ha votado a favor. Es decir, que el punto por el que se planteaba instar al Consell a imponer al Puerto la construcción de naves cerradas en depresión no ha salido adelante.

26 de Enero de 2018

RESPALDO DEL CONSEJO AL PRESIDENTE PARA REDACTAR EL PLIEGO 

El Puerto avala el concurso sobre la terminal de graneles y quiere adjudicarla para final de año 

 

El consejo de administración del Puerto de Alicante, convocado con carácter extraordinario, ha dado este viernes un voto de confianza a su presidente, Juan Antonio Gisbert, para que impulse la construcción de una terminal específica para el movimiento de graneles en la que se incluyan naves cerradas en depresión. Esa terminal se emplazaría en el muelle 17, en el que ya se desarrolla la operativa, junto a los muelles 11 y 13. Como ha contado Alicante Plaza, ese proyecto correría a cargo de la iniciativa privada, tras la convocatoria de un concurso de obra a cambio de la explotación, de modo que la empresa que esté interesada en rentabilizar su gestión comercial deberá asumir el coste de su ejecución. 

Como también ha contado este diario, tras varios meses de sondeos, la Autoridad Portuaria ya ha confirmado el interés de al menos una compañía que estaría dispuesta a invertir para desarrollar el proyecto, por lo que es ahora cuando se ha podido anunciar la convocatoria de un proceso de licitación para facilitar la pública concurrencia de cualquier otra empresa. Con todo, también es cierto que el anuncio de ese concurso coincidió con la ratificación de una orden de suspensión de la operativa dictada por la Conselleria de Medio Ambiente el pasado 20 de diciembre. Ese departamento dio por resuelto, este jueves, el expediente sancionador que había motivado esa orden de paralización, tras ser informado de la puesta en marcha de ese concurso para la construcción de naves cerradas, por lo que desde esa misma jornada, la carga y descarga quedó reactivada.

Con el respaldo concedido por el consejo de administración, Gisbert se ha comprometido a presentar el pliego de condiciones del concurso en el próximo consejo de administración (previsto para el 20 de febrero) con la intención de someterlo a la opinión de los consejeros y dar inicio a la licitación. De acuerdo con los cálculos detallados en el consejo, la publicación del concurso permitiría que la adjudicación pudiese resolverse antes de final de año. 

En principio, no ha trascendido ningún plazo aproximado para la ejecución de las obras, ni tampoco ha trascendido cuál podría ser el coste de las obras. El pliego sólo se encargará de delimitar las características que debe reunir esa futura terminal, de modo que el proyecto concreto -y por tanto su importe de ejecución- dependerá de cada empresa que decida presentar propuesta.

En el consejo, también se ha sido informado de la evaluación del lucro cesante que ha supuesto para empresas y trabajadores la suspensión de la actividad de graneles durante los últimos seis días, cifrado aproximadamente en un millón de euros, según fuentes de la Autoridad Portuaria.

 

 
 

 

 

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