28 de Abril de 2018

El presidente del Puerto acusa a los vecinos de Gran Vía Sur de "terrorismo informativo" con los graneles

Juan Antonio Gisbert asegura que "solo el 35% de las partículas, tienen origen en los graneles".

Exige que "alguien que no sea un inculto" se siente a discutir los informes del Instituto Interuniversitario de Ingeniería Química.

                          Luis Barcala y Juan Antonio Gisbert, ayer tras su reunión en el Puerto. EL MUNDO

             

Los vecinos ganan otra batalla legal contra el Puerto de Alicante

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, defendió ayer los informes elaborados por la Universidad de Alicante (UA) sobre la contaminación generada por la descarga de graneles al aire libre en el Puerto, y ha acusado a los vecinos de "terrorismo informativo" al hablar de la afección en la salud de las personas. Así, ha alegado que "solo el 35% de las partículas, tienen origen en los graneles".

En declaraciones a los medios, tras mantener un encuentro con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, el presidente del Puerto exigió que "alguien que no sea un inculto" se siente a discutir los informes del Instituto Interuniversitario de Ingeniería Química.

Gisbert precisó que el Instituto además de captar las partículas que se emiten, como hace cada dos años una entidad de calidad ambiental (ECMCA), "las ha analizado químicamente". "Porque partículas está emitiendo un autobús en este momento; emite partículas PM10, que las captan; los captadores están en zonas con circulación", sostuvo y se cuestionó si se habla "de graneles o de otras cosas".

Así, ha alegado que el 35% de las partículas provienen de los graneles y que "la mayor parte son aerosoles marinos, que vienen del mar; entonces la única forma de discutir sobre el informe de la universidad es que alguien a la altura de los profesionales de la UA: Serios, rigurosos, que han pasado oposiciones; alguien, que no sea un inculto, se siente con ellos a discutirlo".

"Aquí lo que están haciendo es demagogia; están haciendo mucho daño. Nadie va a cuestionar nunca que eso no contribuya a aumentar en algo la contaminación, no lo habré dicho nunca", defendió.

Y acusó a los vecinos: "Los señores de la Asociación de Vecinos de Gran Vía Sur, cuando cogen su coche están emitiendo particulas PM10. Y decir que se está afectando a la salud de las personas, en este caso, me parece terrorismo; pero terrorismo informativo, utilizar como han utilizado a los niños es hacer terrorismo informativo".

Asimismo, negó que la Generalitat cuente con un informe y precisó que la Conselleria cuenta "con unas mediciones", que en cualquier caso "no dicen de donde vienen".

Finalmente, sobre la posibilidad de construir naves cerradas, para la descarga de graneles, puntualizó que el Puerto no las construirá porque "no puede por legislación europea de defensa de la competencia". Y ha asegurado que junto a las naves cerradas de Santander y Huelva se descargan de graneles, por lo que si "no hay inversores, no habrá naves".

28 de Abril de 2018

concurso de obra y gestión convocado por la autoridad portuaria

Los inversores que opten a explotar las naves antigraneles tendrán libertad para definir su altura

ALICANTE. El concurso impulsado por la Autoridad Portuaria de Alicante para optar a la construcción y explotación comercial de las naves antigraneles en el muelle 17 no será un corsé con condiciones estrictas sobre su diseño. En realidad, los aspectos técnicos relacionados con la fisonomía del edificio quedarán en manos de las empresas que concurran al proceso, de modo que tendrán libertad para definir los proyectos de sus propuestas en aspectos como la altura de esas futuras instalaciones. Nada se concreta en el pliego de condiciones del concurso sobre esas dimensiones. Así lo confirmó este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, a Alicante Plaza, al término del primer encuentro institucional mantenido con el nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, para coordinar la acción de las dos administraciones y poner en común estrategias sobre la llamada integración puerto-ciudad.

Tras esa cita, Gisbert insistió en que, a su juicio, la polémica generada en torno a la estiba de los graneles estaría encarrilada hacia la solución que se venía reclamando hasta ahora, mediante la construcción de esas naves cerradas en las que debía canalizarse toda la operativa. En esta línea, incidió en que sobre lo que nadie puede especular ya es sobre la obligación de la participación pública en su desarrollo. "Debe corresponder a la iniciativa privada, como ha sucedido en todos los puertos de España; en ningún punto se ha destinado fondos públicos para su construcción, siempre se ha dejado a instancias de las empresas interesadas, si es que las hay", abundó.

Así, como ha contado este diario, el único detalle que sí está delimitado en el pliego de condiciones (ya redactado y aprobado pero, según Gisbert, todavía no publicado en boletines oficiales), es el del periodo de duración de la concesión. Los inversores que puedan competir por la obra a cambio de su explotación comercial podrán gestionarla durante un plazo de 30 años, como se dio a conocer durante la última reunión del consejo de Administración del Puerto.             

Gisbert también se refirió este viernes a la controversia suscitada en torno al informe elaborado por el Instituto Universitario de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (UA) sobre la evolución de las emisiones de partículas a la atmósfera, dado a conocer también durante el último consejo del Puerto, celebrado la semana pasada. 

El presidente de la Autoridad Portuaria admitió que la UA no figura entre las entidades calificadas por la Generalitat para elaborar ese tipo de estudios, como sostiene la Asociación de Afectados por los graneles del Puerto. Sin embargo, defendió la validez de ese trabajo al sostener que el estudio fue todavía más exhaustivo de lo que se solicita a otro tipo de entidades que sí disponen de ese reconocimiento.

Las declaraciones de Gisbert motivaron reacciones políticas como la del secretario general de Podemos en Alicante, Pascual Pérez. El dirigente del partido de Pablo Iglesias señaló que "como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante debería acatar el decreto de Consellería para evitar la emisión de partículas contaminantes provenientes de la descarga de materiales quimicos a cielo descubierto. Es decir impulsar la construccion a corto plazo de naves cerradas y en depresión".En esta línea, añadió que "sin embargo y pensando que los cambios políticos en el Ayuntamiento le permiten resistirse, ahora vincula la construcción de las naves a la existencia de inversores; intolerable nueva vuelta atrás. Estas declaraciones son inaceptables, oportunistas e insultantes para un colectivo de asociaciones de vecinos y AMPAS que, agrupados en la Plataforma contra la descarga de graneles, está librando una lucha titánica que se asemeja a la bíblica de David contra Goliat", sostuvo."Podemos Alicante insiste una vez más en la exigencia de la construccion de las naves en depresión como única forma de compatibilizar la actividad económica en el puerto con la salud de la ciudadanía. Está es la única solución y acometerla sin más dilaciones una obligación", apostilló.

2 de Mayo de 2018

Los vecinos del Puerto piden cesar a Gisbert por acusarles de "terrorismo informativo"

 El presidente de la APA aseguró que la asociación Gran Vía Sur desinformaba con los graneles

La plataforma contra las descargas tóxicas contesta: «Es inaceptable»

La Plataforma de Afectados contra las Descargas Tóxicas del Puerto de Alicante solicitó este martes el «cese fulminante» del presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, quien el pasado 28 de abril acusó a la asociación Gran Vía Sur (una de las que componen la entidad) de practicar el «terrorismo informativo» con los graneles. También les retó a que «alguien que no sea un inculto» se siente a discutir los informes del Instituto Interuniversitario de Ingeniería Química que indican que la mayor parte de las partículas contaminantes de la zona no procede de la actividad de carga y descarga de graneles.

El presidente del Puerto de Alicante, Juan Antonio Gisbert, en una imagen de archivo. ROBERTO PÉREZ

 Así, la plataforma considera que Gisbert debe irse «por su falta de respeto a los vecinos y vecinas de Alicante, por anteponer los intereses privados de unas empresas al interés común, por su voluntad manifiesta de no cumplir la ley y por su ineptitud durante estos años para solucionar de manera efectiva el problema de una actividad que está dañando la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad».

«Sus palabras hacia un movimiento ciudadano que reclama el cumplimiento de la ley y defiende la salud de los vecinos y vecinas son descalificatorias y fuera de lugar», agregaron. En su opinión, «llamarnos terroristas informativos es un insulto inaceptable y una banalización del término».

«Nosotros ponemos en conocimiento de la opinión pública los datos contrastados existentes y hacemos uso de los instrumentos que el sistema democrático en el que vivimos nos ofrece, como acudir a las instituciones del Síndic de Greuges y del Defensor del Pueblo, a los tribunales y a los medios de comunicación por considerar que se está vulnerando nuestro derecho a la salud».

Así, recordaron que existen «informes del Seprona de la Guardia Civil, investigaciones de los años 2009 y 2014», que «demuestran la contaminación, así como otro estudio «del Laboratorio G-Agua, entidad ECMCA debidamente acreditada, que determina niveles de contaminación superiores a los legalmente establecidos».

Finalmente, el «auto de 19 de Enero de 2018 del TSJ valenciano, que en sus fundamentos de derecho establece que esta actividad de carga y descarga de graneles es contaminante por sí misma, estando catalogada como tal por la legislación europea, estatal y autonómica». Ese fallo dice que el aire del Puerto de Alicante es «uno de los peores» de toda la Comunidad.

 

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