Asociación de Vecinos Gran Vía Sur - Puerto

18 de Enero de 2017

Alicante y su puerto: una relación opaca

Pascual Pérez 

Cuando hace años se decidió alejar del centro de nuestra ciudad las actividades de carga y descarga de graneles pulverulentos del puerto, para llevarlas al muelle 17, se eliminó un problema en la misma medida en que se generó el mismo problema en otro lugar distinto. Y es que, cuando se decidió trasladar estas actividades a las proximidades de los barrios de Benalúa, La Florida y San Gabriel, estos barrios ya estaban desarrollados hasta el punto de ser hoy zonas de alta densidad urbana. Desde la plataforma de atraque de cruceros se tiene una panorámica inmejorable de las nubes de sustancias pulverulentas que se levantan entre los muelles a cielo abierto. Esa es, por cierto, la estampa que ven nuestros visitantes al llegar al puerto. ¡Gran tarjeta de visita antes de atracar!

Han sido muchas vecinas y vecinos de la ciudad los que han decidido levantarse contra esta situación tan injusta. Pero queremos reconocer especialmente a la A.VV. Gran Vía Sur Puerto, que libran desde hace demasiado tiempo ya una batalla casi heroica contra una trama de intereses creados, sorda a sus clamores. Una trama tejida entre sucesivas autoridades portuarias, el anterior ayuntamiento y los gobiernos valenciano y estatal – todos ellos regidos por un único Partido Popular-, y que ha resultado en el incumplimiento sistemático de las leyes que regulan la actividad de carga y descarga de graneles pulverulentos en las cercanías de núcleos urbanos.

Ahora, tras una larga historia que se remonta a 2007, por fin la Consellería de Medio Ambiente, el pasado noviembre concedió la licencia de descarga condicionada a que se haga en una superficie cubierta y en depresión. Sin embargo, da un plazo de un año para que, si otras medidas menores como las pantallas actuales muestran eficacia (supuestamente demostrables en unas lecturas de contaminación mal reglamentadas), pueda darse la licencia definitiva sin realizar esa construcción cerrada que el propio decreto marca. Un decreto que va en la dirección necesaria –la de cumplir con la normativa medioambiental europea y española-, pero contradictorio. Contradictorio, e ineficaz, por cuanto no compromete las inversiones públicas necesarias para acometer la mejora de la infraestructura portuaria que requiere nuestra ciudad.

Las miles de familias que habitan los barrios más afectados, sencillamente, están hartas. Hartas de que, desde hace tantos años, ninguna administración pública haya atendido su demanda por unos derechos humanos tan básicos y de sentido común, como son el derecho al descanso, el derecho a la salud, o el derecho a un medioambiente limpio. Los trabajadores del puerto padecen también una violación de sus derechos laborales, y encima se les carga con la doble incertidumbre de posibles paros puntuales en la actividad, y llegado el caso, la amenaza de cese indefinido. La ciudad entera se ve comprometida –especialmente en los incontrolables y frecuentes días de vientos fuertes de levante, y con ella, toda su industria turística. Además, también afecta directamente a un gran número de comarcas alicantinas que aportan a nuestra economía con la fabricación y exportación de sus industrias químicas o de materiales de construcción, y que dependen de esta vital obra civil, patrimonio de todos y todas las alicantinas, para su sostenimiento y desarrollo.

Desde el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos hemos formulado una pregunta al gobierno, el día 4 de este mes, donde apuntamos directamente a la posibilidad de utilizar el Fondo de Compensación Interportuario para financiar las inversiones necesarias que requiere el Puerto de Alicante. El sistema de pantallas que hoy existe ya se ha revelado precario, insuficiente, y por tanto, es urgente la inyección de dinero público para aportar una solución definitiva, o al menos duradera, a nuestra ciudad. Por eso, creemos que el Ministerio de Fomento –autoridad que gestiona y regula este fondo- debe involucrarse directamente en las mejoras que hagan de nuestro puerto una infraestructura eficaz, moderna y respetuosa con el medioambiente. En definitiva, queremos, pedimos y tendremos un puerto útil para todas y todos.

Pero, para eso, tenemos que seguir luchando. No solo en las instituciones, sino también en las calles. Por ello, el día 27 de enero seremos parte de los que acudiremos a la convocatoria que realizan las vecinas y vecinos por medio de un amplio colectivo de Asociaciones de Vecinos, de consumidores y Ampas; para manifestarnos por sus derechos, y por los de todas y todos nosotros. Además, si compartes el contenido de lo que acabas de leer, te animamos encarecidamente a sumarte a esta convocatoria. Allí nos vemos

 

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