Asociación de Vecinos Gran Vía Sur - Puerto

  

18 de Enero de 2017

Los vecinos trasladan su ofensiva contra la contaminación de los graneles a Valencia

Un total de 24 colectivos se reúnen hoy con la Conselleria de Medio Ambiente para forzar la exigencia de naves cerradas para la actividad

Eva María Lahoz

Representantes de 13 asociaciones de vecinos y 11 Ampas de centros educativos acuden hoy a Valencia para exigir a la Conselleria de Medio Ambiente medidas definitivas contra la contaminación, que aseguran, genera la actividad de carga y descarga de graneles en el puerto de Alicante. Les recibirá el secretario autonómico de Medio Ambiente, Juliá Alvaro.

Los vecinos han preparado toda una ofensiva política y judicial para lograr que la carga y descarga de los graneles se realice en naves cerradas, como exige la ley de calidad del aire para las actividades pulverulentas potencialmente contaminantes. Y para que se le exija que obtenga la preceptiva licencia ambiental municipal, sin la cual no debería poder operar.

              Actividad de carga y descarga de graneles en el puerto de Alicante, en imagen de archivo. / A.D.

Ya han recurrido en reposición las medidas correctoras impuestas por la Conselleria de Medio Ambiente para la concesión de la autorización de emisiones a la atmósfera a la Autoridad Portuaria para la actividad de los graneles. Medidas que consideran «contradictorias y no ajustadas a derecho». Y es que en un punto se deja claro que la actividad debe realizarse en naves cerradas pero en otro se les ofrece una vía de escape a esta exigencia con medidas provisionales, siempre que no se superen los niveles de contaminación permitidos

Su objetivo, hoy, es conseguir, por las buenas, que la Conselleria tenga en cuenta este recurso, recapacite y modifique su resolución para exigir, sí o sí, estas naves cerradas. «No vamos a aceptar ninguna otra solución paliativa o alternativa», advierten.

Si no lo hace, avanzan, el paso siguiente será presentar un contencioso-administrativo para tratar de dejar sin efecto esta resolución.

Y es que, explican desde la asociación de vecinos de Gran Vía Sur-Puerto, la más combativa, «no necesitamos más mediciones para determinar que se trata de una actividad contaminante. Tenemos multitud de datos que así lo certifican, entre ellos las mediciones y la investigación realizadas por la Guardia Civil en 2009 y 2014». En cualquier caso, añaden, «esta actividad conlleva la obligación de la aplicación de medidas correctoras per se, según la ley de calidad del aire, haya mediciones o no. Se trata del movimiento de un material pulverulento que ya se considera potencialmente contaminante por lo que lleva aparejadas una serie de medidas correctoras, sin más».

Más aún, exponen, en el caso de Alicante, «donde hay tres focos emisores, los muelles 11, 13 y 17, y núcleos poblados a menos de 500 metros de la actividad». Los motivos por los que todavía las autoridades no han exigido con rotundidad estas naves, se les escapan, al igual que no entienden, apuntan, por qué motivo la Concejalía de Urbanismo, que dirige Miguel Ángel Pavón, todavía no ha resuelto el recurso presentado por el Puerto contra su exigencia de licencia ambiental. El plazo de resolución ya está vencido, de hecho, así que el recurso puede darse formalmente por rechazado por silencio administrativo. Pavón aseguró que su intención era resolverlo, aún así. Pero no lo hace.

Para los vecinos, «es inexplicable que el Ayuntamiento siga permitiendo que la actividad se desarrolle sin la preceptiva licencia, es decir, de manera ilegal, y que la Conselleria haya claudicado en su intención de exigir a la Autoridad Portuaria las medidas correctoras necesarias». Hartos de darse cabezazos contra la pared en la ciudad y la Comunitat, plantean ir más allá y ya están planeando organizar, con ayuda de Podemos, una interpelación al presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Gisbert, en el Congreso de los Diputados y han establecido contactos con eurodiputados para mover el asunto en la UE. Hay que recordar que ya tienen una denuncia presentada ante la Comisión Europea, que fue aceptada y sigue su curso.

Además, el día 27 han convocado una manifestación de protesta por la falta de medidas de las autoridades.

<<El plazo para resolver el recurso contra la licencia ambiental ha expirado sin que Pavón haga nada
Recurren las condiciones de la autorización autonómica y amenazan con plantear un contencioso>>

 

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